El Dret Civil Català en la jurisprudència
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Sentències 11 a 15 de 27

 

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Llibre:1
DE LA FAMILIA
Títol:3
DEL REGIMEN ECONOMICO CONYUGAL
Capítol: 10
DE LOS BIENES PARAFERNALES
Sentència 20 - 5 - 1896
BIENES PARAFERNALES: PRUEBA DE LA PARAFERNALIDAD. - BIENES PARAFERNALES ADMINISTRADOS POR EL MARIDO: GARANTÍAS.

 

I. Antecedentes

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Con fecha 10 noviembre 1884 doña Carmen, esposa de don Ramón, vendió una finca de su propiedad por el precio de 57.500 pesetas, que entregó al marido juntamente con otras 32.500 pesetas, que tenía como bienes parafernales. Estas cantidades fueron destinadas por don Ramón a pagar a unos acreedores suyos. Posteriormente don Ramón reintegró a su esposa estas 90.000 pesetas, que doña Carmen bajo fe de Notario entregó a su marido en concepto de bienes parafernales según escritura pública de 22 enero 1895, en la que don Ramón además hipotecaba una finca de su propiedad en garantía de la devolución de dicha suma.

Presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad, fue calificada con la siguiente nota: «Suspendida la inscripción del documento que precede por observarse el defecto de no haberse acreditado la procedencia de la cantidad entregada».

Contra dicha calificación interpuso el Notario autorizante recurso gubernativo, alegando:

II. Fundamentación del recurso

Que si fuere necesario para su inscripción subsanarlo y robustecerle, como pretende el Registrador, con tal género de pruebas y aditamentos, que no constan en él ni deben constar, no estaría extendido el tal documento con arreglo a las formalidades y prescripciones legales; que en la legislación catalana no existe disposición alguna que prescriba la prueba que exige el Registrador, y que las que pudiere invocar de la legislación común son inaplicables en aquel territorio, tanto porque no están allí vigentes estas disposiciones, cuanto porque la situación jurídica de las mujeres casadas es distinta en una y otra legislación; que si bien la existencia de la sociedad de gananciales explica sobradamente la necesidad de tales pruebas en la legislación castellana como medio de evitar una alteración fundamental en la base de la liquidación que en su día hubiera de hacerse de dicha sociedad, en donde esta sociedad no existe, y hay una verdadera independencia de bienes en cuanto a parafernales se refiere, no pueden prevalecer semejantes prescripciones o reglas; y que es bien extraño que el mismo Registrador de la propiedad de Occidente, que tantas pruebas exige para la inscripción de una hipoteca por bienes parafernales, inscriba sin ninguna dificultad las adquisiciones que hacen las mujeres casadas con dinero de sus parafernales, sin exigirles otra prueba que la mera afirmación de los mismos de que son tales bienes parafernales, y más natural sería, en el supuesto de la necesidad de pruebas, que se exigiesen para las compras que hace la mujer, que no para el otorgamiento de hipoteca a su favor, en los casos que, como el presente, no se hace más que adquirir créditos contra el marido, satisfaciendo deudas hipotecarias de éste, pues así como en las adquisiciones de fincas a nombre de la mujer podría caber fraude, ya que en ellas podrían emplearse fondos del marido, que desaparecerían para siempre del activo del mismo, no es posible que ocurra otro tanto en el caso de que se trata, puesto que no se hace más que sustituirse la mujer en el lugar de los acreedores hipotecarios del marido, con lo cual los demás acreedores, si los hubiere, nada habrían perdido, y garantido les quedaría su derecho en caso de concurso o de quiebra para percibir sus créditos si eran preferentes por la prioridad del tiempo, única regla subsistente en materia hipotecaria.De Desde Pollini € Lyst 84 Mules Mujer PiXOkuZ

El Registrador, concretó su informe, sin entrar en el fondo del asunto, a negar la personalidad del Notario recurrente para interponer el presente recurso.

El Juez Delegado, reconociendo la personalidad del Notario recurrente, dejó sin efecto la nota del Registrador, y declaró que la escritura de que se trata se halla extendida con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, sin que sea obstáculo para su inscripción las pruebas pedidas por el Registrador y que han practicado los interesados, y funda esta resolución: en que hallándose extendida dicha escritura con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, y reconociéndolo así el Registrador, no ha debido poner obstáculo alguno a su inscripción, y con más motivo después de haber justificado los interesados lo que les exigía dicho funcionario, a cuya justificación no venían obligados legalmente; que la procedencia de las 90.000 pesetas que doña Carmen entregaba a su esposo en el acto del otorgamiento de la escritura denegada, queda probada plenamente en las cartas de pago que le fueron exhibidas al Registrador, y con los productos o rentas acumuladas del inmueble vendido por dicha señora antes de que se llevase a cabo la venta.

El Registrador apeló de esta resolución, insistiendo en sus manifestaciones respecto a la falta de personalidad del Notario, y el Presidente de la Audiencia, estimando esta falta de personalidad, declaró inadmisible el presente recurso y que no había lugar a decidirlo, por lo que, habiendo recurrido en alzada dicho Notario ante este Centro directivo, esta Dirección, revocando la providencia apelada, declaró, por Resolución de 21 de noviembre del año último, que el Notario recurrente tenía personalidad para promover el recurso, y que se devolviera el expediente original al Presidente de la Audiencia para que resolviera en cuanto al fondo de aquél.

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El Registrador presentó nuevo escrito, manifestando: que la negativa a inscribir la escritura de constitución de hipoteca estriba: primero, en no haber intentado siquiera probar el carácter de bienes parafernales que debían tener los que fueron realizados para satisfacer los créditos del marido; segundo, que aun cuando se pudiera admitir que la casa vendida fuera procedente de bienes parafernales y que su importe se aplicó a extinguir deudas del marido, como de dicha venta no se obtuvo más que 57.000 pesetas y la hipoteca es de 90.000, no puede admitirse la inscripción de dicho título, pues quedarían pendientes de prueba nada menos que 33.000 pesetas; tercero, que de las tres escrituras de carta de pago resulta una contradicción palmaria, un hecho imposible de admitir, cual es que la cantidad de 90.000 pesetas que suman en conjunto, «en manera alguna puede ser procedente de la venta de la casa», pues según afirmó en el acto del otorgamiento de la escritura, tan sólo percibió 57.000 pesetas por dicha venta; cuarto, que aun en el negado supuesto de poder olvidar un instante «que en juicio nadie es creído y que los meros dichos, por consiguiente, de nada sirven», tendría que rechazarse la inverosímil suposición de ser las 33.000 pesetas excedentes producto de los rendimientos de la casa objeto de la venta, por estar en pugna abierta con lo dicho ante el Notario don Luis al otorgar las tres cartas de pago, toda vez que manifestó en todas y cada una de ellas ser la cantidad que satisfacía procedente de la venta, siendo así que tan sólo produjo 57.000 pesetas y no las 90.000 que los mismos importaban; y que esta suposición, hecha al cabo de un sinnúmero de años de matrimonio, y a las ocho de otorgadas dichas cartas de pago, carece hasta de verosimilitud; quinto, que debe probarse la procedencia de los bienes, «toda vez que la ley ha abierto un privilegio para los parafernales, tratándose de inscripciones de hipotecas hechas a favor de la mujer», porque si así no fuera, en los casos de mala fe, marido y mujer podrían simular un contrato para burlar a otros acreedores; y por último, que no basta, como dice el Juez de primera instancia, que el título esté arreglado a ley para que sea inscribible, pues hay casos como el presente en que todo depende de las pruebas que pueden tener lugar después de otorgada la escritura.

El Presidente de la Audiencia confirmó por sus propios fundamentos el auto del Juez Delegado, por el que se dejó sin efecto la nota denegatoria de inscripción de la escritura a que se contrae el presente recurso, y el Registrador apeló de esa resolución para ante esta Dirección general, exponiendo en el correspondiente escrito las mismas razones que había aducido anteriormente.

III. Desestimación del recurso

Vista la Resolución de 17 de septiembre de 1895:

Considerando que es doctrina de este Centro, consignada en la citada Resolución, la de que son inscribibles como bienes parafernales los adquiridos por mujer casada en Cataluña, sin que sea preciso acreditar que el dinero con que la adquisición se verifica sea propio de la mujer.

 


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Concordances: En orden a la prueba sobre el carácter de parafernales de los bienes, véase la presunción de parafernalidad que establece el ap. 2°, art. 49 de la Compilación. - Ésta trata de las garantías que debe prestar el marido por la administración de los bienes parafernales en su art. 51.


Comentari

Llibre:2
DE LAS SUCESIONES
Títol:2
DE LA SUCESION TESTADA
Capítol: 10
DE LOS ALBACEAS
Sentència 13 - 6 - 1896
ALBACEAS UNIVERSALES: FACULTADES EN ORDEN AL PAGO DE LEGADOS. - LEGITIMACIÓN PROCESAL. - ALBACEAS MANCOMUNADOS. - LEGADO MODAL.

 

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I. Antecedentes

Con fecha 9 noviembre 1887 doña Narcisa otorgó testamento en el que dispuso: «nombra albaceas al Reverendo Cura párroco de esta población (San Gervasio de Cassoles), o al que le suceda en este cargo; a don José, propietario; a don Juan y a don Francisco, vecinos de Barcelona, excepto don Juan, que lo es de Mollet, a los cuales faculta en lo menester para que a su arbitrio ordenen y dispongan de cuanto concierne al entierro del cadáver de la testadora, queriendo que en cuanto a los funerales y píos sufragios, se le hagan celebrar en igual forma que los que dispuso para el alma de su difunto esposo»; «lega a doña María la cantidad de 20.000 pesetas y dos casas, una en la calle de la Travesera, de la villa de Gracia, señalada con el núm. 39, y otra en la calle Mayor de este pueblo, señalada de números 113 y 115, que es la que actualmente habita la testadora, juntamente con todos los muebles, ropas alhajas y ajuar de la misma que exista en dicha casa el día del fallecimiento de la otorgante, comprendidos los útiles y aperos del jardín, y además le lega un nicho en el antiguo cementerio del Este de la mentada ciudad de Barcelona, de propiedad exclusiva de la señora testadora, todo a sus libres voluntades; quiere la señora testadora que si el producto de la finca que destinará para el pago de legados no fuere suficiente a cubrirlos y tuvieren que ser rebajados o disminuidos, no se entiende tal disminución por lo que respecta a los legatarios doña María y don Juan, don Bartolomé, y don Juan, don Ramón y doña Matilde, los cuales quiere los perciban en toda su integridad, de modo que para ellos prohibe la detracción de la cuarta falcidia»; impuso a cada uno de los legatarios don José, don Bartolomé y doña María que durante el año siguiente al fallecimiento de la testadora le mandaran rezar tres misas semanales en sufragio de su alma, y para el caso de no verificarlo así, derogaba y revocaba los legados ordenados a su favor, que pasarían a acrecer la masa hereditaria; dispuso que una casa de su propiedad sita en Barcelona fuera vendida por los albaceas mencionados o por la mayoría de ellos, o por uno solo si los demás hubieren fallecido, para que con su producto se pagaran los legados de cantidad que había ordenado y el importe de los derechos a la Hacienda por razón de dichos legados, y que el resto del precio se invirtiera en la reconstrucción de la iglesia de la Bonanova, depositándose tal remanente en el Banco de Barcelona a suelta de dichos albaceas, y de allí extrajeran las cantidades necesarias para las obras; en los demás casos de ejecución del presente testamento se estará a lo que acuerde la mayoría de los albaceas, y en caso de empate, decidirá el voto de don Juan... mientras la finca se halle en poder del albaceazgo, sus réditos y rentas se entregarán a los mencionados doña María, don Juan, don Bartolomé y don Juan, don Ramón y doña Matilde por partes iguales entre ellos, de cuyas sumas hace especial legado... y de lo restante instituye heredero a don Francisco, a quien prohibe la detracción de la cuarta falcidia». La testadora falleció el día 7 mayo 1888.

El heredero don Francisco repudió la herencia, y el albacea don Juan solicitó del Juzgado que se llamara por edictos a los herederos abintestato de doña Narcisa.

Con fecha 19 octubre 1888 la legataria doña María dedujo en el expediente de declaración de herederos abintestato demanda contra los albaceas en reclamación del legado que a su favor había ordenado la testadora. Los demandados se opusieron a tal pretensión alegando falta de personalidad por no tener el carácter con que se les demandaba, pues aun cuando habían sido nombrados albaceas por la testadora, no habían entrado en posesión de sus cargos, ni poseían ni administraban los bienes hereditarios, por cuyo motivo entendían que no podía dirigirse contra ellos la demandada, sino contra los herederos de doña Narcisa.

Con fecha 15 julio 1889 los albaceas presentaron en las indicadas diligencias de declaración de herederos abintestato de doña Narcisa un escrito, en el que solicitaban se les confiriera, como albaceas administradores, la posesión del caudal hereditario. La actora doña María presentó entonces escrito de ampliación alegando que los demandados, con esta pretensión, confirmaron su carácter de albaceas de doña Narcisa.

Con fecha 19 mayo 1894 la Sala 2.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó sentencia, confirmatoria de la pronunciada por el Juzgado de 1.ª Instancia del distrito del Hospital de Barcelona, declarando que los albaceas venían obligados al pago de los legados ordenados por la testadora; que practicaran aquéllos lo precedente para la venta del inmueble, cuyo producto había de aplicarse al pago de legados, y entre ellos el de 20.000 pesetas a favor de la actora; y finalmente que se abonaran a la misma los frutos de las casas legadas desde la muerte de la testadora.

Contra dicho fallo interpusieron los albaceas recurso de casación por infracción de ley, alegando.

II. Motivos del recurso

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Primero. La voluntad de la testadora, claramente resultante de las palabras del testamento tales como ellas suenan; las leyes 12, párrafo cuarto, Digesto De relig, y 49, párrafo cuarto, Código De epire et oler que marcan el distinto carácter y atribuciones de los albaceas universales y particulares, señalando á los primeros el lugar y representación de herederos y á los segundos el de encargados simplemente de lo referente á entierro y funerales y demás que especialmente les confíe el testador; las leyes 1.ª, Código Com. de legg.Calzado Online Pinto Blu MujerComprar Femenino De Zapatos En Di 5AqLcRSj34, y demás disposiciones legales que consignan entre las obligaciones del heredero la de satisfacer y entregar los legados, y el principio de derecho Nemo dat quot non habet, porque la sentencia recurrida declara á los albaceas obligados á cumplir las disposiciones del testamento referentes á legados, incluso los de especie ó de fincas de la herencia, bajo el concepto de que tal es la voluntad de la testadora, y de que así lo previenen las disposiciones legales que rigen sobre albaceazgo, cuando doña Narcisa sólo confió á sus albaceas lo referente á entierro y funerales y á la enajenación de la casa de la calle de Amalia y distribución del precio de la misma, sin hacerles ninguna otra comisión ó encargo, y nombrado un heredero universal, y cuando dichos albaceas no tienen en su poder ni poseen legalmente para poder hacer entrega de ellas, las casas de Gracia y San Gervasio de Cassolas legadas á doña María, y ni aun tienen ni poseen la casa de la calle Amalia, que tienen encargo especial de enajenar para aplicar su producto al pago de legados, conforme se demuestra en el motivo siguiente:

Segundo. Las disposiciones legales contenidas en las Instituciones de Justiniano, principio y párrafo tercero del tít. 22, libro 2.°, De leg falc, según las cuales los legatarios no tienen derecho á ser satisfechos de sus legados sino después de aceptada la herencia por el heredero instituido, de pagadas las deudas del testador, los gastos de entierro y funeral, y previa deducción, cuando procede de la cuarta parte del valor líquido de la herencia que se llama cuarta falcidia, y el principio de derecho ad impossibile nemo tenetur, toda vez que la sentencia condena á los recurrentes á practicar desde luego lo procedente para realizar la venta en pública subasta de la casa calle de Amalia y á satisfacer con sus productos el legado de cantidad que forma otro de los objetos de la demanda y los otros legados también de cantidad cuando legalmente les es imposible, porque quedarían violadas y burladas las leyes si los albaceas tratasen de llevar á cabo esa parte de la sentencia prescindiendo del heredero ó herederos universales, que para nada han sido tenidos en cuenta ni en el juicio ni en la sentencia, siendo así que si se comprende bien que doña María presentara su demanda prescindiendo del heredero universal que la testadora instituyó á sus libres voluntades y con la prohibición de detraer la cuarta falcidia, don Francisco, porque éste había renunciado antes la herencia, no se comprende que dicha demandante prescindiera en absoluto de heredero ó herederos de doña Narcisa, constándole como le constaba que á consecuencia de esa renuncia se iba á llamar á los herederos abintestatos, en términos que dedujo su demanda en las diligencias sobre llamamiento de los mismos, expediente en el cual se han atravesado diversas incidencias, han comparecido varios parientes de doña Narcisa pretendiendo la adjudicación de su herencia intestada, y sosteniendo la ineficacia del testamento en su totalidad, por haber quedado destituido con la renuncia del heredero testamentario, sin que hasta el presente se haya resuelto esta cuestión ni se haya hecho la declaración de herederos á favor de personas determinadas; pero de todos modos, es indudable que han de venir unos herederos abintestato de doña Narcisa, que con su intervención y concurso se han de llevar á cumplimiento las mandas y legados dispuestos por la testadora, si, como es de creer, quedan á salvo aquellas disposiciones; que doña María ha prescindido en absoluto de tales herederos presentes y futuros para reclamar sus legados de los albaceas, y que el Tribunal sentenciador, al condenar á éstos en los términos de la demanda, ha infringido visiblemente las disposiciones legales citadas; y

Tercero. La ley única, párrafo séptimo, Código De cad. toll, cuya doctrina trata de aplicar la sentencia recurrida, y según la cual «en los legados condicionales sólo se adquiere derecho sobre la cosa legada desde el día en que queda cumplida la condición»; la doctrina legal sentada por este Tribunal Supremo acerca de la índole, alcance y objeto de los autos ó providencias para mejor proveer, y particularmente la establecida en la sentencia de 19 de Marzo de 1869, según la cual: «las diligencias para mejor proveer no proceden en interés particular, sino en el de la más recta administración de justicia, lo cual deja su admisión ó adopción al criterio del Tribunal, sin lesión de ningún derecho para las partes que litigan, ni poder por lo mismo constituir indefensión su negativa», y el art. 577 de la ley de Enjuiciamiento civil, que dispone: «no tendrán valor alguno las diligencias de prueba que se practiquen fuera del término del segundo período concedido para ella»; porque doña Narcisa en una de las cláusulas de su testamento, declara que... quiere que cada uno de los legatarios, don José y don Bartolomé y doña María, durante el año que siga al fallecimiento de la testadora, le manden rezar tres misas semanales en sufragio de su alma, y en el improbable caso que no lo verificasen, deroga, revoca y deja sin valor ni efecto los legados que á su favor consigna en este testamento, los cuales pasarán, en su consecuencia, á acrecer el cuerpo hereditario; la testadora falleció en 7 de Mayo de 1888; la demanda de doña María fué presentada en 19 de Octubre del propio año, cinco meses y días después de aquel fallecimiento, y por consiguiente, dentro del período durante el cual había impuesto el testamento á la doña María y otros legatarios la condición referida, la parte recurrente hizo mérito en el escrito de súplica de esa condición, y opuso á la demanda la excepción que nace del cumplimiento de la misma, no obstante lo cual, la demandante no intentó prueba alguna en sentido afirmativo, ni siquiera manifestó en ninguno de sus escritos durante la instancia, haberla cumplido; y la sentencia recurrida consigna en uno de sus fundamentos jurídicos «que en los legados condicionales se adquiere derecho sobre la cosa legada desde el día en que se ha cumplido la condición, y por lo tanto, es acerca de este particular incuestionable el derecho de doña María sobre la cosa que reclama», á pesar de que, como se ha visto, doña María reclamó la cosa siete meses antes de cumplirse el plazo á que estaba sujeta la condición, lo cual quiere decir, según la doctrina sentada en la sentencia, que no ha podido adquirir el derecho á la cosa que reclama, y si lo hubiere adquirido lo habría perdido al terminar el mencionado plazo, porque no justificó ni dijo siquiera que hubiese cumplimentado aquella condición, de la cual depende el valor y eficacia de los legados, y sin embargo, se consigna aquel considerando, porque el Juzgado, para mejor proveer, trató de llenar ese enorme vacío, extralimitándose de sus funciones y procurando la justificación de hechos que ni siquiera se habían alegado, haciendo prestar declaraciones juradas á una persona que no había intervenido en los autos, sobre legitimidad de documentos que no se habían presentado oportunamente, y ni siquiera se había dicho que existieran, desfigurándose así de una manera absoluta la naturaleza y objeto de los autos para mejor proveer, é infringiéndose abiertamente la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre el particular, como también se infringió el precepto citado de la ley de Enjuiciamiento civil al aceptar la sentencia recurrida como prueba legal el resultado de esas diligencias para mejor proveer, que en todo caso debieron practicarse en su oportunidad y á instancia de la parte á quien especialmente favorecen.

III. Desestimación del recurso

Considerando, en cuanto al primero de los motivos de casación alegados en el presente recurso, que los albaceas nombrados en su testamento por doña Narcisa tienen el carácter de universales, según se demuestra, no sólo por frases empleadas evidentemente en ese sentido por la testadora que les nombra albaceas de su testamento en el ingreso del mismo, sin hacer limitación alguna, sino por la índole de los encargos que á seguida les confiere, ordenándoles, aparte de todo lo que concierne al entierro y funerales, verifiquen el pago de los legados que hace á varias personas, entre ellas á la demandante en este pleito doña María con determinadas condiciones, y disponiendo también que vendan la casa que designa, para lo que les otorga todas las facultades en derecho necesarios, debiendo invertir el precio del modo que fija con claridad y precisión, y añadiendo que en los casos de ejecución del testamento resuelva la mayoría de los testamentarios, prevaleciendo si hubiese empate el voto de don Juan, con otros particulares igualmente significativos:

Considerando, en virtud de lo expuesto, que es infundado el motivo de casación que se acaba de mencionar y por el que se pretende desconocer la obligación que pesa sobre los albaceas de doña Narcisa de entregar á la legataria de doña María las mandas que en su testamento le dejó doña Narcisa, dándoles las correspondientes facultades para ello, y que carece también de base atendible el segundo motivo, en el que se afirma que los legatarios no tienen derecho a ser satisfechos de sus legados hasta que haya sido aceptada la herencia por el heredero sustituido y se hayan pagado las deudas que hubiere y los gastos de entierro y funeral, según se dispone en las Instituciones de Justiniano, porque, aparte lo expuesto en el precedente considerando, las leyes que se citan en este segundo motivo se refiren única y exclusivamente á las facultades de los herederos testamentarios, y de ningún modo á los que puedan ostentar calidad de herederos abintestato:

Considerando, con respecto al tercer motivo expuesto por el recurrente y que versa sobre la obligación impuesta por la testadora á los legatarios don José, don Bartolomé y doña María de mandar rezar tres misas semanales en sufragio de su alma durante el año siguiente á su fallecimiento, revocando y dejando sin valor en caso contrario los legados, que pasarían á acrecer el cuerpo hereditario, que esa disposición no debe ni puede ser calificada de condición suspensiva de la entrega de los legados, sino como una carga impuesta á los legatarios, de manera que, aun apreciándola como condición resolutoria, lo sería, para que pudiese tener efecto la anulación de las mandas si no se cumpliese aquélla, caso que no ha llegado 4 ocurrir, puesto que ha quedado comprobado lo contrario de una manera perfectamente legal, en virtud de lo actuado por efecto de un auto que para mejor proveer se dictó en virtud de las facultades que para ello tiene el juzgado, á fin de que, esclarecidos convenientemente los puntos que aparezcan dudosos, pueda resolverse lo más acertado y procedente en justicia.

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Concordances: Sobre las facultades de los albaceas universales en orden al pago de legados, véase el art. 237 de la Compilación. - Este artículo regula también la legitimación procesal de los albaceas. - En orden a los albaceas mancomunados, véase lo dispuesto en los arts. 894 al 897 del Código civil. - Respecto al legado modal, véase el artículo 797 del Código civil.


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DE LA FAMILIA
Títol:1
DE LA FILIACION
Sentència 18 - 6 - 1896
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RECLAMACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL: PRUEBAS ADMISIBLES.

 

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I. Antecedentes

Doña A., de estado civil soltera, dio a luz un niño el día 5 enero 1881. La madre alegaba que el citado niño era hijo de D. J., de estado civil viudo, quien falleció el día 23 de septiembre de 1887, en casa de la madre.

Con fecha 15 junio 1893, D.ª A., en representación de su hijo, dedujo demanda contra los herederos de D. J., solicitando se dictara sentencia condenando a los demandados a que, dentro del término de diez días, otorgasen escritura pública reconociendo como hijo natural de D. J. al actor, y disponiendo que se practicase la inscripción de dicho niño en el Registro civil en calidad de hijo natural de D. J. y D.ª A., condenando al propio tiempo a los demandados a dar y prestar aumentos al niño. Los demandados se opusieron a tales pretensiones alegando las excepciones de falta de personalidad de la actora, carencia de derecho y acción y falsedad de los documentos con que se pretendía justificar la paternidad.

El Juzgado de 1.ª Instancia dictó sentencia estimando la demanda, la cual fue revocada por sentencia de 9 abril 1895, dictada por la Sala 2.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona, en la que se negaba la paternidad de D. J.
Contra dicho fallo interpuso la actora recurso de casación por infracción de Ley, alegando:

II. Motivos del recurso

Primero. Los artículos 1249, 1253 y 1976 del Código civil, y la sentencia de este Supremo Tribunal de 12 de Junio de 1893; pues habiéndose derogado la ley de Enjuiciamiento civil por el último de los citados artículos y la enunciada sentencia, aun en las regiones llamadas torales, quedando, por tanto, restablecidas con todo su vigor en, la apreciación de las pruebas las presunciones, la Sala, al fallar sobre un hecho complejo de paternidad y filiación, buscó un convencimiento que no diera lugar á duda racional, resultante, según la Sala, en oposición con el convencimiento del Juzgado de la aprecición de las pruebas en conjunto, habiendo prescindido, al resolver el caso de autos, de las nuevas reglas sobre presunciones contenidas en los citados artículos 1249 y 1253 del Código civil;

Segundo. Los artículos 1249 y 1253 del Código, ya indicados; el capítulo 2.°, libro 2.°, tít. 23 De presuntionibus de las Decretales de Gregorio IX, vigentes en Cataluña; y la ley 83, libro 35, tít. 1.º del Digesto De conditionibus et demonstrationibus; porque tratándose de la prueba de reconocimiento tácito de un hijo natural, conforme á las disposiciones del Derecho canónico y catalán, y según la práctica reconocida por este Supremo Tribunal en sentencias de 11 de Abril de 1861, 13 de Junio de 1862, 26 de Enero y 2 de Mayo de 1865 y 10 de Noviembre de 1886, se había desconocido la fuerza de las presunciones establecidas por dichos artículos y prescindiendo de que aquéllas son un medio casi único de probar la paternidad, según las Decretales, y se había buscado en el conjunto de pruebas una certidumbre que no diera lugar á duda racional, una prueba plena que, á tenor de la ley romana enunciada, era un imposible, pues tal certidumbre sólo existía, relativamente, en los casos de reconocimiento expreso, pero no en los de reconocimiento tácito, como el de autos;Wrangler Mimp3 Kelly Sandalias De Mujer es Rojo 50aaff wPZN0kOX8n

Tercero. Las leyes mencionadas en el motivo anterior, y el art. 1253 del Código civil, también en él comprendido; puesto que habiendo declarado la sentencia recurrida el trato ilícito entre D. J. y D.ª A., él viudo y ella soltera, que ésta concibió al niño B., del cual era madre natural, y que D. J. falleció en casa de dicha D.ª A, sin haberse probado ni intentado precisar que ésta hubiera tenido acceso con otros hombres, la Sala, después de sentar las indicadas premisas o hechos probados, no deducía la vehemente presunción que de ellos se desprende de ser hijo natural de D. J. y D.ª A. el niño B.; y

Cuarto. Las leyes 3.a, 5.a y 16, tít. 22 de la Partida 3.a, y el párrafo 14, ley 3.a, libro 15, tít. 2° del Digesto; el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y la jurisprudencia de este Supremo Tribunal establecida en sentencias de 13 de Febrero de 1865, 9 de Diciembre de 1893 y otras; pues debiendo la sentencia decidir todos los puntos litigiosos objeto del debate, y hallándose planteadas en la contestación á la demanda las excepciones de falta de personalidad de D.ª A. y la de falsedad civil de la carta obrante al folio 67 de los autos, la sentencia recurrida había fallado en cuanto á la primera, dejando de hacerlo sobre la falsedad, omisión que, por referirse a excepción formulada por el demandado, no podía decirse estuviera resuelta con la absolución de la demanda; siendo, además, de tanto mayor alcance cuanto que se refería á la importantísima prueba documental de la correspondencia amorosa mediada entre D.ª A y D. J., en la cual se aludía al embarazo de D.ª A., y por tanto, al reconocimiento tácito del hijo natural B., objeto principal del pleito.

III. Desestimación del recurso

Considerando que los hechos señalados en el motivo tercero, como generadores de presunciones, no tienen un enlace tan directo y preciso, según las reglas del criterio humano, con la deducción que pretende derivar el recurrente, que permita afirmar, como en el mismo afirma, que al no estimarlas se hayan infringido las leyes relativas al valor de la prueba que en dicho motivo se alegan;

Considerando

, además, que los referidos hechos no han sido los únicos estimados por la Sala sentenciadora, sino también otros que los explican, completan ó contradicen, en términos de producir, por su concordancia y relación con aquéllos, el convencimiento racional que sirve de base á la resolución recurrida, lo cual no puede significar infracción alguna de las mencionadas leyes relativas á la prueba que sirven de fundamento á los tres primeros motivos;

Considerando que esto mismo sucede con el motivo último, porque aparte de que no ha sido objeto de petición expresa la declaración de falsedad de la carta á que se refiere, no se concibe el interés que pueda tener en que esa declaración se haga aquel que haya venido sosteniendo su legitimidad, ni menos que pueda ejercer influencia alguna en la resolución del pleito, como lo demuestra el que la Sala, aceptando dicha carta como buena, pero deduciendo de su contexto y demás circunstancias lo que ha estimado procedente, ha resuelto la cuestión de la manera que se combate, en cuyo concepto, tampoco ha infringido las leyes que en dicho motivo se mencionan.

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Concordances: En orden a la legislación actual sobre pruebas admisibles en la reclamación de la filiación extramatrimonial, véase el art. 4° de la Compilación.


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Llibre:2
DE LAS SUCESIONES
Títol:2
DE LA SUCESION TESTADA
Capítol: 2
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO
Sentència 1 - 7 - 1896
POSICIÓN JURÍDICA DEL HEREDERO. - DIFERENCIAS ENTRE HEREDERO Y LEGITIMARIO.

 

I. Antecedentes

Como consecuencia de un litigio seguido entre don Ramón y don Francisco, ambos litigantes convinieron en que don Domingo administrara una finca propiedad de don Francisco hasta haberse satisfecho de todo cuanto éste le adeudaba. Don Francisco falleció, instituyendo heredero a su hijo don Ramón P. C; y dejó a su hijo don Luis lo que por legítima le correspondiera. El heredero don Ramón P. C. confirió poderes al citado don Domingo para que continuara en la administracinó de la aludida finca.

Con fecha 3 febrero 1894 el legitimario don Luis se personó en los autos, mediante escrito en que solicitaba se ordenara a don Domingo rendir cuentas de la administración. Las cuentas fueron impugnadas por don Luis, quien pidió además la remoción del administrador don Domingo. Éste se opuso a tal pretensión alegando falta de personalidad en don Luis para deducir la reclamación que había formulado.

Con fecha 15 febrero 1895 la Sala 2.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó auto, revocatorio del pronunciado por el Juzgado de 1.a Instancia de Vich, declarando que don Luis carecía de personalidad para impugnar las cuentas presentadas por don Domingo.

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Contra dicho fallo interpuso don Luis recurso de casación por infracción de Ley, alegando:

II. Motivos del recurso

Tercero. El art. 661 del Código civil, porque lo mismo en Cataluña que en el resto de España, y bien podía decirse que en todo el mundo civilizado, era axiomático que el heredero representaba los derechos del finado; y si la Sala sentenciadora hubiese calificado al recurrente como legatario de su padre, la calificación estaría mal hecha; mas la deducción de que no representaba los derechos de la herencia, había sido perfectamente legal y lógica, porque los legatarios representaban la herencia; pero le había calificado acertadamente heredero legitimarioCorreas Mujeres Y Frescas Zapatos Pequeñas De Planos Puntiagudas b7yfvgY6, y la deducción que hacía no era lógica ni legal, porque los herederos representaban la herencia; pues la legítima, según el art. 806 del Código civil, era una porción de bienes de que el testador no podía disponer, por haberlo destinado la ley a determinados herederos, y los que tenían derecho a esa porción, fuese mayor o menor, eran los herederos legitimarios, lo mismo en Castilla que en Cataluña; no importando para el caso la cuantía de la legítima del recurrente, que la sentencia dejaba en oscuridad, porque representaba una porción, todo lo ínfima que se quisiera suponer, pero indudablemente una porción mayor o menor de la herencia; y al negar a un heredero representación en la herencia, se infringía el art. 661 del Código civil, que hablaba en general de herederos, sin distinguir entre legitimarios ni voluntarios, y cuyo precepto era aplicable en toda España, según el art. 16 del mismo Código, puesto que las leyes especiales de Cataluña concedían gran amplitud al padre para determinar lo que cada uno de sus hijos había de heredar; pero aparte de esta libertad en la cuantía de la porción hereditaria, ni negaban que los hijos fuesen herederos legitimariosLaguna Laguna Hannibal Buylopez Hannibal Hannibal Buylopez Laguna Buylopez Nm8n0w de sus padres, ni definían las legítimas de distinta manera que el derecho común.

III. Desestimación del recurso

Considerando que cualquiera que sea el valor que tengan las alegaciones contenidas en el primer motivo, relativas á la personalidad del recurrente, es lo cierto que el carácter que viene ostentando de simple heredero legitimario no le faculta para gestionar la administración ó intervención judicial de que se trata, porque existiendo, según el mismo reconoce, un heredero universal que en este concepto concreto había otorgado poderes al administrador, á él sólo corresponde ejercer este derecho, según el conjunto de las disposiciones del derecho foral catalán, á reserva de responder al legitimario por los suyos, en cuyo concepto subsiste la sentencia recurrida, que no infringe las doctrinas consignadas en el motivo tercero, ni menos los artículos del Código civil que en él se invocan, por no ser aplicables al caso.


Concordances: En orden a la posición jurídica del heredero, según el derecho actual, véase el art. 109 de la Compilación, en relación con su art. 260. - Para las diferencias que existen entre heredero y legitimario, véase lo dispuesto en los arts. 122 y 131 del propio cuerpo legal.


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DE LAS SUCESIONES
Títol:2
DE LA SUCESION TESTADA
Capítol: 3
DE LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS DE CONFIANZA
Sentència 8 - 7 - 1896
HERENCIA DE CONFIANZA: CONCEPTO. - REVELACIÓN DE LA CONFIANZA EN EL SUPUESTO DE EXISTIR INSTRUCCIONES ESCRITAS DEL TESTADOR.

 

I. Antecedente

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Don José otorgó testamento el día 14 de enero de 1865 en el que nombraba heredero de confianza a su hermano don Pedro, para que dispusiera de su herencia conforme le tenía confiado de palabra. Con fecha 15 junio 1866 firmó el testador un documento titulado instrucciones que daba a su hermano don Pedro para el cumplimiento del anterior testamento, en el que consignaba que en la ejecución de su última voluntad intervinieran siempre sus amigos don Ramón y don Juan, y caso de faltar el primero de ellos, le sustituía por su hijo don Nemesio; a continuación ordenaba unos legados, entre ellos uno de 600 pesos anuales a favor del heredero de confianza don Pedro, que se rebajaría a 400 pesos caso de que el legatario enviudara; y bajo el epígrafe «institución de herederos», ordenó que muertos sus hermanos don Pedro y don Manuel sin sucesión legítima y don Joaquín, pasarían definitivmente sus intereses la mitad a don Ramón y la otra mitad a don Ramón S.; a falta de uno de ambos, a doña Ana, esposa de don Ramón S., y a don Nemesio, hijo de don Ramón, y a falta de éstos a sus sucesores legítimos y directos, con exclusión del heredero que nombrasen de entre sus hijos, a menos de ser único. A continuación de este documento el heredero de confianza don Pedro escribió lo siguiente: «Yo, el abajo firmado, Pedro, vecino y hacendado de esta villa, declaro del modo más solemne y formal a que haya lugar que las instrucciones que anteceden son las mismas que mi hermano José me tenía comunicadas verbalmente para el cumplimiento de su última voluntad, como así lo expresa en la cláusula de su testamento, en la que me instituye por su heredero de confianza; más habiéndole suplicado me diese escritas y firmadas de su puño y letra las dichas instrucciones y fin de darlas cumplimiento bien y fielmente, así lo ha hecho, accediendo a mis súplicas. Asimismo declaro haber recibido del citado mi hermano José el capital que dice dejar, tanto en efectivo como en valores, el que conservo en mi poder hasta que, de acuerdo con don Ramón y don Joaquín o sus representantes, acordemos lo que nos parezca más oportuno al cumplimiento de nuestro cometido». Y a continuación se añadía: «Si se presenta una carta escrita en esta misma fecha, se entenderá que su contenido es mi última voluntad. - José. Conforme. - Pedro». Y terminaba diciendo: «Es conforme con el original a que me remito, el cual queda en mi poder, rubricadas todas sus hojas por mi hermano José y por mí, y presentaré o exhibiré a los Sres. don Ramón y don Joaquín, siempre que así lo exijan, para la debida confrontación con esta presente copia u otro objeto que estimen conveniente. - Pedro». El testaodr falleció el día 1.º julio 1866.

Con fecha 10 diciembre 1891 don Nemesio dedujo demanda contra el heredero de confianza don Pedro solicitando se dictara sentencia condenando a don Pedro a declarar y hacer constar la verdadera consistencia de la herencia de su hermano don José y a afianzar con hipoteca especial suficiente la mitad de ella que fuere mueble a favor de don Nemesio, para el caso de fallecer aquél sin sucesión legítima, o a depositarla de común acuerdo. El demandado se opuso a tales pretensiones alegando que don José no dejó a su fallecimiento ninguna memoria testamentaria, sino las instrucciones antes referidas; que el demandado no tenía la obligación de revelar ni la consistencia de los bienes que poseía don José a su muerte, ni las disposiciones últimas que le dejó confiadas, ya que conforme al testamento en el que se le nombraba heredero de confianza se le facultaba para disponer de la herencia conforme le tenía confiado el testador de palabra, y sin que constase en dicho testamento que hubieran de regir las instrucciones privadas que dejara en tal o cual forma; formulando además demanda reconvencional en la que interesaba se declarara la nulidad del documento de 15 junio 1866, en el cual el heredero de confianza declaraba la conformidad del documento que firmaba con el original que obraba en su poder.

Con fecha 15 noviembre 1894 la Sala 1.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó sentencia, modificando en parte la pronunciada por el Juzgado de 1.ª Instancia de La Bisbal, declarando válidas las instrucciones contenidas en el documento de 15 junio 1866, y condenaba al demandado, como heredero de confianza de don José, a afianzar con hipoteca especial suficiente la mitad de la herencia de don José que consistiera en bienes muebles a favor de don Nemesio, para el caso de fallecer sin sucesión legítima y no haberla tenido don Manuel; condenando también al demandado a declarar cuál era la actual consistencia e importe de los bienes muebles de la herencia.Correas Mujeres Y Frescas Zapatos Pequeñas De Planos Puntiagudas b7yfvgY6

Contra dicho fallo interpuso don Pedro recurso de casación por infracción de Ley, alegando:

II. Motivos del recurso

Primero. Que si el valor de las instrucciones que el actor acompañó a su demanda estriba en que fueran una memoria testamentaria, supuesto que la sentencia recurrida rechaza, infringe la misma la Constitución única, tít. 30, libro 1°, volumen 1.º de las Constituciones de Cataluña, que establece cuál es el derecho vigente en dicha comarca, por no regularse en él las memorias testamentarias, propias sólo, y aun como hijas de la costumbre, de la legislación común de España y desconocidas por completo en Cataluña.

Segundo. Que prescindiendo de esto, y en la negada hipótesis de que tal institución fuera conocida en Cataluña, se infringe la doctrina legal derivada de diferentes fallos de este Tribunal Supremo, entre ellos los de 7 de octubre de 1854, 28 de enero de 1862, 30 de junio de 1876, 14 de diciembre de 1885 y otros, de que para la validez de las memorias testamentarias es requisito indispensable que estén insinuadas en el testamento, lo cual no sucedía en este caso, ya que hubiera sido preciso que otorgara don José un nuevo testamento en que hubiere hecho mención de ella.

Tercero. Que tampoco eran ni podían ser testamento, y en cuanto así tratase de entenderse, infringía la sentencia la ley 28, tít. 15, libro 7° de la Novísima Recopilación, Ordenanzas de 24 de julio de 1755, el Real acuerdo de 23 de octubre del propio año y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, aparte de la sentencia de 25 de octubre de 1861, según cuyos preceptos y doctrina, para la validez del testamento nuncupativo, se requiere en Cataluña la presencia del Notario y dos testigos rogados, requisitos que no había que decir faltaban por completo en las instrucciones de que se trataba, aun cuando contuviera, sin exceptuar ninguna, todas las disposiciones que pudiera contener el más completo y minucioso testamento.

Cuarto. En el supuesto de que las instrucciones fueran la declaración de confianza a que aludía el testador, que era el que resultaba admitido y prohijado en los considerandos de la sentencia recurrida, infringe la doctrina inconcusa contenida, entre otras, en las leyes 4.º, tít. 4°, libro 34, y 22, libro 32 del Digesto, según las cuales la voluntad del difunto es variable hasta el último momento de su vida, sin que pueda el hombre ponerse trabas a sí propio que no pueda deshacer siempre que lo tenga por conveniente; y bajo este concepto las instrucciones en cuestión, aunque ciertas y auténticas con relación al momento en que se escribieron, no podían entenderse eficaces por haber antecedido a la muerte del testador en quince días, durante los cuales la confianza podía haberse cambiado repetidas veces.

Quinto. Que se infringe la doctrina legal de que en las herencias de confianza es condición fundamental de su existencia que la voluntad del testador quede secreta, para ser revelada después de su muerte por el heredero nombrado, que se consideraba ser el órgano indiscutible por medio del cual expresaba su voluntad el testador; doctrina que resultaba de la esencia misma de la institución y de la jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal en cuantos fallos han recaído sobre la materia, singularmente el de 16 de diciembre de 1892; doctrina que queda infringida al pretenderse dar valor jurídico a unas tituladas instrucciones publicadas antes de la muerte del testador y que no reconocía el heredero de confianza, único que podría decirlo, como las únicas y definitivas que aquél le dio; antes afirmaba, por el contrario, haber recibido otras; manifestación que no podía dejar de surtir todos los efectos legales, dado el carácter y facultades del heredero de confianza, y que venía corroborada por lo que decía don José al final de sus instrucciones respecto de una carta donde podía contenerse su nueva voluntad, y por el silencio y apartamiento de las personas que debían, según tales instrucciones, intervenir directamente en la administración de sus bienes.

Sexto. Que al admitir la validez de las instrucciones, documento sui generis que no reunía los requisitos de ninguna de las disposiciones de última voluntad que reconoce el Derecho, infringe el fallo la doctrina derivada de la sentencia de 18 de junio de 1869, de que al instituido heredero de confianza no podía quitársele este carácter para todos los efectos legales, como así ocurría de darse validez a las instrucciones en cuestión, pues que desde aquel momento el cargo de heredero de confianza dejaba en absoluto de existir y se quedaba el testador sin heredero alguno; incurriendo además la sentencia en evidente contradicción, en cuanto al dar validez a las instrucciones, despojaba al recurrente del carácter de heredero de confianza y por tanto de los atributos y prerrogativas inherentes a dicho cargo, reconociéndole y restituyéndole este carácter al condenarle a afianzar con hipoteca la mitad de la herencia, exigiéndole el cumplimiento de una obligación que en modo alguno le incumbía.

Séptimo. Que por indebida aplicación se infringen la ley 12, tít. 8.º, libro 2.º del Digesto 4.º, tít. 54, libro 6.º del Código, y el fallo de este Supremo Tribunal de 21 de octubre de 1892, que se citaban en la sentencia recurrida, pues refiriéndose a la caución que pueda el fideicomisario exigir del heredero fiduciario, las aplica a don Pedro, que según las instrucciones previamente declaradas válidas y que constituyen a juicio de la Sala la última voluntad de don José, no eran más que un mero legatario de pensión, en cuyo concepto ni por las leyes ni por la jurisprudencia podía venir obligado a prestar caución de ninguna clase.

Octavo. Que se infringen las leyes 3ª, párrafo noveno, décimo y decimocuarto, tít. 4°, libro 34 107, tít. 1°, libro 35, y 5.ª, tít. 2.°, libro 36 del Digesto, de las que resulta la doctrina aceptada por todos los tratadistas, de que si un mismo testamento contiene disposiciones diversas incompatibles entre sí, es preciso combinarlas de modo que el resultado sea conforme a la disposición hecha en último lugar; doctrina de la que resulta que admitidas como parte del testamento de don José las instrucciones que éste formó, y consignándose en ellas que el recurrente don Pedro era un mero legatario de pensión, este carácter era el único que tenía según dicho testamento, infringiéndose al no reconocerlo así la doctrina que quedaba expuesta.

Noveno. Que al atribuir la sentencia a don Pedro una calidad distinta de la que tenía por las instrucciones cuya validez se declaraba, y a tenor de las cuales podía don Nemesio reclamar y ejercitar su derecho de administrador de la herencia de don José, pero en manera alguna alterar radicalmente el estado de cosas creado por aquél, exigiendo del coadministrador don Pedro la constitución de una fianza incompatible con el carácter que dichas instrucciones le atribuían, y en cuanto esta caución o fianza decía la sentencia que había de ser hipotecaria, infringe la doctrina legal inconcusa derivada de las leyes romanas y de Partida, y contenida en multitud de sentencias de este Supremo Tribunal, de que las palabras del testador, cuando son claras, han de entenderse llanamente y como suenan, sin alterarse con torcidas interpretaciones su voluntad, que es ley suprema en la materia; y

Décimo. Que se infringe, por último, la ley 3.a, tít. 38, libro 6.° del Código, en que se establece que cuando en las leyes se habla de caución, no diciéndose expresamente otra cosa, se entenderá que es la promisoria, o sea por mera promesa del obligado; doctrina corroborada por la ley 25, tít. 17, libro 50 del Digesto, que dice que la caución real es más gravosa que la personal; y la 9.a del mismo título, que ordena que en las cosas oscuras siempre se ha de seguir lo que es menos, o sea lo más favorable; por manera que en la negada hipótesis de deber prestarse caución, aun borrándose la ley 32, tít. 38, libro 6° del Código nunca podría exigirse que fuese ella real o hipotecaria, sino que ante el silencio de las leyes que de ella trataban debería ser siempre la menos gravosa para el que había de prestarla, o sea la promisoria o personal.

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III. Desestimación del recurso

Considerando que admitida por los litigantes la autenticidad de las instrucciones que don José dio por escrito quince días antes de morir á su hermano don Pedro, á quien en su testamento otorgado con anterioridad instituyó heredero fiduciario, expresando don Pedro á continuación de ellas que su hermano las redactó á su instancia, y que no eran las mismas que verbalmente le había comunicado, es inconcuso que al declarar la Sala sentenciadora la validez de esas instrucciones, por entender que constituían la verdadera expresión de la confianza, y por ende de la voluntad del difunto, no ha cometido las infracciones que se alegan en los tres primeros motivos del recurso en el concepto de que constituyeran una memoria testamentaria ó un testamento nuncupativo en los que no se hubieran observado los requisitos y solemnidades que para su validez requiere el derecho, porque no siéndolo ni habiendo incurrido la Sala en tal error de calificación, son los preceptos que regulan esas formas de testar de notoria inaplicación al presente litigio:

Considerando que tal resolución, impugnada por la parte recurrente, no implica una violación de las leyes del Digesto citadas en el motivo cuarto, según las cuales la voluntad del hombre es variable hasta el último instante de su vida, puesto que el haber podido variar ó modificar el testador las insmicciones de que se ha hecho mérito desde que las redactó y firmó hasta que dejó de existir, no es una razón para presumir que cambiase de voluntad efectivamente, ni que por haberlas escrito pusiera traba alguna á su derecho, á la manera que el último testamento de una persona es ejecutorio aunque luego hubiera podido otorgar otro derogándolo total ó parcialmente:

Considerando que tampoco ha incurrido la Sala de Barcelona en el error jurídico que se alega en el quinto motivo, porque sobre no ser de esencia en las sucesiones fideicomisarias que la voluntad del testador se mantenga secreta, aunque esto sea lo común y corriente, hasta que después de su muerte la revele el heredero fiduciario, mucho menos cuando en el testamento no se le impone la reserva, no puede afectar á la validez de las instrucciones de don José la manifestación tardía del heredero, de que el testador le dio otras, además de las escritas, puesto que no ha declarado cuáles sean éstas antes ó durante el curso del pleito, ni en el testamento bajo cuya disposición falleció:

Considerando que no es exacto que por las repetidas instrucciones pierda don Pedro la cualidad de heredero de confianza, quedando reducido á la condición jurídica de un legatario de pensión, puesto que en ella se le tiene ó considera siempre como heredero, sin perjuicio de la pensión con que fué favorecido, como cumplidamente lo demuestra el párrafo que lleva por epígrafe «Institución de heredero», en el que se ordena que muertos don Pedro y don Manuel sin sucesión legítima, pasen los bienes, con deducción de los legados, á las personas que allí se expresan; por lo que ni la Sala, según se sostiene en el sexto motivo, ha incurrido en la contradicción de considérale como legatorio al dar valor á las instrucciones, y á la vez como heredero al condenarle á afianzar con hipoteca la devolución de la mitad de la herencia, ni ha infringido las leyes y doctrinas invocadas en los motivos sexto y noveno, que prescriben han de entenderse las palabras del testamento, cuando son claras, llanamente y como suenan, y que no imponen al legatario la obligación de afianzar:

Considerando, esto supuesto, que no existiendo incompatibilidad alguna entre el testamento de don José y las instrucciones escritas que dio á su hermano, con relación á las cuales conserva éste la cualidad de heredero de confianza, no tienen aplicación al caso las leyes y doctrinas que se invocan en el motivo octavo, referentes á la interpretación de las cláusulas antagónicas ó contradictorias:

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Considerando, por último, que las leyes que se citan en el motivo décimo se refieren á una cuestión no debatida en el pleito, puesto que el recurrente, al impugnar los escritos del actor, no sostuvo en los de contestación y duplica que en el caso de que procediese la caución, ésta habría de ser personal, y no real ó hipotecaria, cual su adversario lo pretendía, por cuya razón es también improcedente el recurso por tal motivo, según la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, aparte de que esas leyes no se oponen á la caución hipotecaria cuando el Tribunal a quo estima que constituye la garantía más eficaz y adecuada para asegurar el cumphmiento de la voluntad del testador;


Concordances: En orden al concepto de herencia de confianza según el derecho actual véase el art. 118 de la Compilación. - Ésta dude a las cuestiones referentes a la revelación de la confianza en su art. 120.


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